Además de las pérdidas humanas, el Estado pierde anualmente 5.000 millones de dólares, y el aporte recibido para el mantenimiento de caminos y la construcción de nuevas rutas es sólo de 1.100 millones, lo que determina un déficit importante.

Pero las cifras son aún más desalentadoras ya que en Argentina se registra un saldo de 9.000 víctimas fatales y 100 mil lesionados por año, convirtiéndose esta problemática en una de las principales causas de muerte.

Ante este cuadro de situación, desde el gobierno nacional y más precisamente desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial consideran que deben aumentar los controles para bajar esta desgarradora situación.

No es un dato menor que el 59 % de los conductores accidentados tenga entre 17 y 30 años según el ISEV. Y que el 60 % de los accidentes viales que se producen en nuestro país se debe al consumo de alcohol, según informes del Ministerio de Salud de la Nación.

Por tal motivo, el Plan Nacional de Control de Seguridad Vial se instrumentará en tres etapas.

La primera será de atención inmediata, destinando recursos a los principales puntos negros de las diferentes jurisdicciones del país; la segunda etapa pretende atender de manera preventiva los corredores con mayor flujo vehicular; y la tercera, aplicable en forma simultánea con las etapas anteriores, atenderá los controles de tránsito según estacionalidad y demanda por fecha o evento específico.

La finalidad de la Agencia Nacional es reducir la tasa de siniestralidad en el territorio nacional, mediante la promoción, coordinación, control y seguimiento de las políticas nacionales e internacionales en materia de seguridad vial.

El Plan Nacional de Control de Seguridad Vial 2010, publicado en octubre dentro del Boletín Oficial, integra los planes nacionales de control de alcoholemia, de control de velocidad y de controles específicos, a fin de seguir un protocolo común, uniforme y armonizado en todas las jurisdicciones del país.

Entre las funciones asignadas se encuentra la de colaborar con el Ministerio de Justicia y el Consejo de Seguridad Interior la de coordinar las tareas y desempeño de las fuerzas policiales y de seguridad, tanto federales como de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en materia de fiscalización y control del tránsito y la seguridad vial.

El Poder Ejecutivo Nacional concertará y coordinará con las respectivas jurisdicciones las medidas tendientes al efectivo cumplimiento del presente régimen, asignando las funciones de prevención y control del tránsito en las rutas nacionales y otros espacios de dominio público nacional a Gendarmería Nacional, estableciendo que a tal efecto, las Provincias suscribirán los respectivos convenios destinados a coordinar la acción de dicha fuerza exclusivamente sobre rutas nacionales, excluidos los corredores y rutas o caminos de jurisdicción provincial, salvo autorización expresa de las provincias para realizar actuaciones sobre estos espacios.